Bajo costo fiscal para el Régimen de Capitalización Pyme

Según un trabajo del Observatorio Pyme de la primer semana de diciembre, el costo fiscal del Régimen de Capitalización que promueve la reinversión de capitales en Pymes sería inferior a la mitad de la cifra que maneja el Gobierno por ese concepto.

El dato no es menor ya que el costo de la implementación del instrumento que reclama la comunidad Pyme en su conjunto, es el principal freno a la iniciativa en el Congreso, donde cuenta con media sanción desde hace meses.

NINO FERNÁNDEZ

El punto es que las Pymes de muchos sectores necesitan invertir para superar el grado de estrangulamiento productivo que presentan como resultado de un elevado uso de la capacidad instalada.

Sabido es que estas empresas han sido grandes protagonistas en la recuperación de la producción y la inversión tras la gran crisis, pero los especialistas coinciden en que ese proceso se enfrenta a un punto de inflexión que es imperioso atender.

“En el marco del proceso de crecimiento actual y después de más de dos décadas de deterioro de la base industrial, especialmente de la pequeña y mediana empresa, la idea
de impulsar el desarrollo de un sector manufacturero competitivo y moderno se presenta como una verdadera necesidad, más aún si se pretende continuar con una expansión económica sostenible”, dice el informe.

Según el informe, las empresas han financiado sus inversiones básicamente con sus propias utilidades, pero este esquema comienza a resentirse por la caída que muestran los márgenes de rentabilidad, por lo tanto conviene preguntarse hasta cuándo será viable el autofinanciamiento de la inversión.

Más allá de los esfuerzos del Gobierno por mejorar las condiciones de acceso al crédito, el Régimen de Capitalización para incentivar la reinversión de utilidades, se presenta como un instrumento capaz de destrabar este embrollo al que se enfrentan las Pymes.

El esquema plantea desgravar durante dos períodos fiscales las utilidades impositivas de las PYMES, siempre y cuando las mismas sean reinvertidas en la compra, construcción, fabricación o importación definitiva de bienes de capital.

El estudio del OP destaca en este sentido, que se trata de un mecanismo explícito de fomento a la reinversión de las PYMES enmarcado en un momento económico clave para las mismas, por varias razones. Además de la caída en los márgenes de rentabilidad, menciona el aumento de la antigüedad promedio de la maquinaria y equipos y una utilización promedio de la capacidad instalada en las PYMES industriales del orden del 80%.

El trabajo, que compara el proyecto local con iniciativas similares de Italia y Chile, describe los argumentos a favor y en contra del régimen propuesto. Dice de los primeros que es un mecanismo simple y horizontal; que incentiva el blanqueo de las empresas y que apunta a la problemática del financiamiento de las Pymes.

Y entre las contras menciona el costo fiscal, la posibilidad de que beneficie sólo a las empresas exitosas y que no soluciona el problema ‘estructural’ del financiamiento de este conglomerado.

Aunque aclara que calcular el costo fiscal es tarea compleja, el estudio del Observatorio afirma que cualquier evaluación en ese sentido no debería soslayar los beneficios económicos en términos de “creación de valor agregado y reingreso de empresas en el sistema tributario”.

Y en tren de dar una idea aproximada del costo que tendría la aplicación del Régimen, el trabajo propone una hipótesis de máxima con unas 9.000 Pymes adhiriendo a los incentivos de la ley. El ejercicio parte de la suposición que el beneficio permitiría incrementar el numero de Pymes inversoras del 50 al 64 % del conjunto empresario, manteniendo la tasa de inversión del 10% respecto a ventas, verificado durante el 2005.

En este caso se estaría hablando de un costo fiscal de 1.386 millones de pesos, cifra que está muy lejos de los 3.000 millones que, según fuentes empresarias, maneja el Presidente.

Pero el trabajo del OP agrega que en un escenario más probable, en el que por diferentes motivos que condicionan la adhesión al Régimen, sólo una tercera parte del segmento accediera al beneficio, el costo fiscal rondaría los 390 millones de pesos.

Y concluye que si la proporción de PYMES inversoras creciera sólo en 6% se alcanzaría un aumento en la inversión del orden los 850 millones de pesos, con un costo fiscal inferior a la mitad de esa cifra.

En definitiva, un aporte del Observatorio con argumentos de ‘peso y de pesos’, que vale la pena tener en cuenta.